¿Qué es la violencia institucional contra la mujer?

Cuestionar el testimonio de una víctima, presuponer que una denuncia de maltrato es falsa, falta de formación de género dentro de las instituciones… La violencia institucional puede tener muchas caras, pero el hilo conductor es siempre el mismo: las instituciones del Estado, que deberían proteger, prevenir, investigar y reparar el daño causado por la violencia ejercida hacia la mujer, fallan de manera clara.

Aunque no sea siempre evidente, los cuerpos del Estado y todo el engranaje judicial pueden reconocer violencia institucional cuando algún miembro de estos cuerpos se excede en sus funciones, por ejemplo, utilizando fuerza física o violencia. Sin embargo, esto suele mucho más complicado cuando se trata de víctimas de violencia machista, ya que la violencia institucional hacia este colectivo es más simbólica y sutil, por ejemplo, cuando se cuestiona la versión o el relato de la víctima.

¿Qué pasa si el policía que acude al domicilio de la víctima después de una llamada al 112 por agresión por parte de la pareja no se cree su relato y escribe en el informe de actuación que la mujer se ha “autolesionado”? ¿Qué pasa si ese mismo agente, mientras la mujer está en estado de shock e intentando consolar a su hijo que ha presenciado la agresión, le dice a la mujer que se lo piense muy bien antes de denunciar, ya que su hijo verá como se llevan al padre esposado y eso le supondrá un trauma de por vida? ¿Qué pasa cuando una mujer pone una denuncia y debe repetir delante de varios agentes, un detrás de otro, el mismo relato y se le cuestionan sus palabras o expresiones a cada frase? Pues no pasa nada. Todo esto queda impune porque no hay mecanismos de control de estas actuaciones. El resultado deriva en la pérdida de confianza de las víctimas en la justicia, que muy a menudo es todo lo contrario, extremadamente injusta.

Hagamos oír nuestras voces este 25N, demos visibilidad a la violencia institucional y denunciemos actuaciones que, desde los cuerpos de seguridad, órganos legisladores, jueces o políticos, suponen un ejercicio continuo de violencia hacia las mujeres.

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